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  • Adrián Rodríguez Alcocer

Al gobierno -y a la Corte- no le importan las mujeres ni las niñas

Por mi trabajo como abogado de asociaciones civiles que atienden diversos tipos de población vulnerable me ha tocado presentar denuncias de violencia en contra de niños. Más bien, en contra de niñas. Violencia muchas veces con contenido sexual, pero siempre marcada por el hecho de que, además de ser menores, son mujeres. Esto es, violencia marcada por el género, para usar el lenguaje actual. Esa es una de las razones por las que, cuando hubo oposición en ciertos grupos pro vida a las protestas del 8 de marzo, me sentí algo decepcionado. El derecho a la vida no sólo es para los no nacidos, es también para todos los seres humanos. Y si hay violencia específica contra esos seres humanos por ser, además, no nacidos, mujeres o niñas, me parece que hay que poner mayor esfuerzo para prevenirla y erradicarla.


Hoy, el día en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir, otra vez, el tema de aborto, se cumplen dos días en los que intento sin parar obtener respuesta del DIF CDMX o del DIF Nacional para reportar una posible situación de violencia en contra de una niña. Los números telefónicos no contestan, o si contestan en conmutador, te advierten que las autoridades encargadas de proteger los derechos de la infancia están “en contingencia”, supongo que no son esenciales. Otros números están dados de baja o reasignados. Los correos electrónicos no los responden. En Twitter no responden.


Y luego viene el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a decir que va a violar sus facultades expresamente concedidas, violentando la más elemental noción de división de poderes y a la misma norma fundamental que supuestamente protege (y para lo que se le paga un salario obsceno) porque la discriminación en contra de las mujeres amerita que en Veracruz –y en todo el país- se despenalice el aborto. No sé con cuántas niñas y mujeres víctimas de violencia ha tratado el señor ministro. Yo no puedo decir que he tratado con muchas, pero sin duda me ha tocado acompañarlas en el calvario que es acudir a la justicia mexicana, esa que es más cara que en muchos países desarrollados, pero más ineficiente que en muchos otros no tan desarrollados.


A nuestras autoridades no les importan ni los niños ni las mujeres. A Su Señoría no le importa ni eso, ni nuestra Constitución. Les importan los reflectores, los micrófonos, las cámaras los aplausos en redes, las palmaditas en la espalda de los grupos de interés con poder económico y político. Les importa ganar elecciones o que las ganen sus amigos, les importa cobrar sus cheques y cuidar que no les vayan a descontar un peso de sueldo o de sus millonarias pensiones.


Al menos las instituciones que consideran a las niñas y niños y la violencia contra ellos como no esenciales no lo presumen ni pretenden justificar su desprecio por la ley con razonamientos pseudojurídicos, al menos tienen la vergüenza de no dar la cara en una sesión pública y presentar un proyecto que ameritaría reprobar Derecho Constitucional I en la universidad más patito a la que este país sea capaz de reconocerle validez de estudios.


Los derechos de las mujeres y las niñas no se defienden ni protegen violando la Ley, sino respetándola. No se protegen con ideologías, sino con compromiso. No se protegen, como hacía Olga Sánchez Cordero cuando era ministra, con viajes todo pagado a Acapulco para interferir en congresos locales. Se protegen dejando eso de lado y poniéndose a componer un sistema podrido en el que no es posible que una autoridad conteste el teléfono para atender un reporte de violencia; en el que una niña que fue víctima de trata de personas y violación debe visitar tres fiscalías distintas para levantar una denuncia, en el que hace falta un escándalo mediático para que un juez se haga mínimamente responsable de dejar a un feminicida suelto, en el que esa misma Corte que dice querer proteger a las mujeres declara que no se violaron los derechos humanos de una periodista que fue secuestrada y violada por denunciar una red de tráfico menores y abuso sexual.


Al gobierno y a la Corte, y desde luego a don Juan Luis González Alcántara Carrancá, no le importan ni las niñas, ni los niños, ni las mujeres, ni nadie. Quizás por eso el fondo de su proyecto es que, en México, es mejor no nacer que padecer su realidad.

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© 2017 Adrián Rodríguez Alcocer. Creado con Wix.com

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